La confianza es la creencia de que otros no actuarán de manera oportunista. No harán promesas que no pueden cumplir, no renegarán de las promesas que sí pueden cumplir ni transgredirán las normas para aprovecharse de otras personas que las respetan. En pocas palabras, la confianza es la fe en los demás: en su honestidad, fiabilidad y buena voluntad.
Este es el primer concepto que expone el informe del BID respecto a este tema capital. Las personas confiables hacen promesas que pueden cumplir, no se desentienden de ellas y no transgreden las normas sociales. La conducta oportunista es una amenaza persistente en todas partes.
Dada la importancia de la confianza interpersonal en la mayoría de las interacciones sociales, políticas y económicas, su bajo nivel y su disminución en América Latina y el Caribe constituyen una fuente de preocupación. De acuerdo con el BID, en términos globales, el porcentaje de individuos que cree que se puede confiar en la mayoría de las personas (confianza generalizada o “interpersonal”) descendió del 38% en el período 1981-1985 al 26% en 2016-20, según datos de la Encuesta Integrada de Valores.
En América Latina y el Caribe, la reducción ha sido aún más drástica, con una caída de los niveles de confianza del 22% al 11%. Solo una de cada 10 personas cree que se puede confiar en los demás. Aunque la confianza es escasa en el resto del mundo, es más baja en América Latina y el Caribe que en cualquier otra región.
Los bajos niveles de confianza interpersonal y la escasa capacidad para obligar a los gobiernos a rendir cuentas se refleja en una alta desconfianza en el Gobierno. Según la Encuesta Integrada de Valores, en el período 2010-2020, un promedio de menos de tres de cada 10 ciudadanos en América Latina y el Caribe confiaban en su gobierno. La desconfianza en el Gobierno es un problema mundial, pero es mayor en América Latina y el Caribe, aun cuando las diferencias no sean tan acusadas como en el caso de la confianza interpersonal.
La desconfianza
Conforme a lo que sostiene el BID, América Latina y el Caribe ha sido la región que presenta la más alta desigualdad desde larga data. A pesar de los notables avances recientes, la región sigue siendo un 50% más desigual que el país desarrollado promedio.
Así, los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestran que el porcentaje de personas que pertenece al estrato de más altos ingresos aumentó del 2.2% al 3% entre el 2002 y el 2017; pero en el 2014, el 10% más rico de la población seguía percibiendo el 40.5% del ingreso nacional en Brasil, y el 39.7% en México.
“La desconfianza limita el libre movimiento de los trabajadores, el capital y las ideas hacia empresas más productivas. También reduce los incentivos de las empresas para desplegar los métodos de producción más avanzados, expandirse hacia otros mercados, invertir en nuevos productos y procesos y capacitar a los trabajadores”, refiere el informe.
Por el contrario, las firmas realizan grandes inversiones improductivas para protegerse del comportamiento poco fiable de los demás. Un ejemplo de esas inversiones es el 1.4% del producto bruto interno (PBI) que las empresas de América Latina y el Caribe destinan a seguridad para estar a salvo de la delincuencia.
Políticas
La entidad multilateral destaca tres tipos de reformas que pueden ayudar a los países latinoamericanos a lidiar con sus muchos desafíos. En primer lugar, pueden abordar las asimetrías de poder que disminuyen la confianza en los sectores público y privado con reformas judiciales y del sector público que otorguen a las empresas y a los ciudadanos más recursos frente a resoluciones judiciales y administrativas predecibles y rápidas en sus disputas unos con otros y con el Gobierno.
También pueden fortalecer las instituciones que empoderan a las personas para que actúen por sí mismas, con el fin de que los gobiernos rindan cuentas. La eliminación de obstáculos para la acción colectiva debe ser otra prioridad clave.
En segundo lugar, los países pueden eliminar las asimetrías de información que socavan la confianza y requerir a los organismos del sector público que comuniquen cuidadosamente las decisiones que toman, y que asuman la responsabilidad por esas decisiones y sus consecuencias.
“Los padres no deberían tener problemas para encontrar las puntuaciones de las pruebas escolares, ni los pacientes para conocer las tasas de mortalidad de los hospitales, ni los ciudadanos para acceder a las tasas de delincuencia, los arrestos ni las acusaciones de abusos policiales, ni las comunidades para saber cuál es el estado de los proyectos locales de infraestructura. Invertir en educación es fundamental”, detalla el informe.
En tercer lugar, los países pueden integrar las preocupaciones acerca de la confianza y el civismo en sus iniciativas para abordar los grandes desafíos económicos y sociales de la región: lento crecimiento, gran desigualdad, cambio climático y crisis fiscal.
Los objetivos de los países en todos estos ámbitos se pueden promover con reformas que construyan confianza, como la transformación digital de la administración de la política fiscal, una gestión uniforme de las políticas fiscal y regulatoria, y la creación de nuevas instituciones.
